Como veíamos recientemente, Europa tiene un parque de viviendas envejecido y el caso español no es una excepción. De hecho, la construcción de más de la mitad de este parque se remonta a la década de los años 80. Con objeto de garantizar el bienestar de sus habitantes, así como por ser más respetuosos con el medio ambiente, urge impulsar las rehabilitaciones ecológicas, algo en lo que un pasaporte energético podría ayudar mucho.
La propuesta ha partido del despacho de abogados Garrigues y la consultora de asesoramiento técnico, económico y estratégico G-advisory. Ya se la han presentado oficialmente al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), entidad perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica.
Este pasaporte energético consiste en una suerte de acuerdo entre los propietarios de las viviendas y la propia Administración, que pondría a su disposición una serie de ayudas para las reformas que se vayan acometiendo. En esencia, se trata de un programa de ayudas a estas reformas de rehabilitación dentro de un plazo mínimo de cuatro años.
Esta propuesta se ha alumbrado tras la elaboración de un informe encargado a la Fundación La Casa que Ahorra, en el que se pone de manifiesto que en España hay cerca de 350.000 viviendas susceptibles de ser rehabilitadas cada año.
Rehabilitación progresiva
Las actuaciones que podrían obtener este tipo de ayudas irían desde la propia redacción y ejecución de la rehabilitación a las instalaciones auxiliares necesarias; incluso, al coste que es preciso afrontar para la elaboración de todos los estudios previos necesarios para contar con un buen diagnóstico del estado del inmueble.
Buena parte de las reformas se encaminaría a reducir la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio y los objetivos pasan por alcanzar al menos al 60% en los edificios que estén ubicados en zona climática D y E, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE), así como al 50% en los edificios que estén ubicados en zona climática C. En el caso de la zona climática Ay B, se fijaría la meta del 50% aproximadamente.
Con objeto de incentivar las obras y que éstas culminen, el modelo propuesto se basa en un pago inicial del 80% del coste de cada fase y el 20% restante cuando el proyecto haya finalizado por completo. Todo ello acompañado de otras medidas fiscales, como una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Los responsables de la iniciativa la conciben como una apuesta inteligente y sostenible por el confort y la calidad de vida. De este modo y en una horquilla de entre cuatro y diez años es posible afrontar reformas encaminadas a mejorar el aislamiento térmico de la fachada, los elementos de cerramiento del edificio, el aislamiento térmico tanto de la cubierta como del suelo o todos los sistemas de agua caliente sanitaria y el resto de equipos de producción de energías limpias, entre otros.
Beneficios económicos
Tal y como explica la consultora que ha elaborado el informe, de calar la entrada en funcionamiento de este pasaporte energético, la actividad del sector se vería extraordinariamente dinamizada de aquí al 2030. Para ilustrar esta afirmación, entre las estimaciones que realiza la Fundación destacan:
- Contribución al PIB en más de 6.000 millones de euros.
- Crecimiento interanual del empleo en 000 trabajadores.
- Reducción de las emisiones en un 16% comparado con 2017 (equivalente al 36% respecto a 2005).
- Impacto anual neto de 900 millones de euros al añoen 2030
- Ahorros en la compra de emisionespor valor, como poco, unos 300 millones de euros al año, pudiéndose incluso cuadriplicar.
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